¿Se vienen las paritarias para estatales y docentes?

 Gustavo Bordet transita el noveno mes de su segundo mandato. En su estadía en el poder, atravesó dificultades, pero las últimas semanas le dieron al gobernador la oportunidad de ratificar, en el terreno de la política, una característica que ya había exhibido: capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
 
También, en las últimas semanas, distintas luces de alerta se encendieron en los tableros de control del Gobierno provincial. A seis meses de iniciada la cuarentena, los estatales aguardan sentarse a la mesa para discutir sus salarios. Los dirigentes de los gremios Agmer, ATE, UDA y AMET se unieron para reclamar que el gobierno provincial convoque a paritarias. Los intendentes tienen sus propias presiones.
 
Los gremios había relegado el pedido de aumentos salariales a un segundo plano, cuando los plazos para reabrir paritarias se vencieron por la circunstancia especial de la pandemia de Covid-19 y de la consecuente cuarentena. De esta manera, el debate pasó a ser la conservación de los puestos de trabajo, ante las medidas que pararon la producción. Sin paritarias, pero buscando estabilidad.
 
Ahora, el Frente Gremial pide abordar la pauta salarial de los trabajadores estatales y docentes. Tras largos meses de pandemia sin recomposición de haberes, gran parte de los salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza, afirmaron sus principales dirigentes en una conferencia de prensa virtual.
 
La crisis del coronavirus disparó los reclamos salariales después de ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, ante un panorama económico nacional de franca incertidumbre y cuando el Estado se enfrenta a la urgencia de dar respuesta a los que menos tienen, a los que a duras penas intentan sobrevivir con los 10 mil pesos de la IFE.
 
El hecho que los trabajadores estatales y docentes sean los únicos que tienen garantizado el pago de sus salarios y aguinaldos, incluso para quienes todavía no están asistiendo a sus lugares de trabajo, no impidió que salieran a exigir aumentos de sus sueldos, innegablemente castigados por la inflación como los de todos los demás trabajadores.
 
Ni el Gobierno provincial ni la sociedad desconocen en ningún momento que son justas las pretensiones de mejorar sus salarios. Sin embargo, las protestas de algunos sectores pueden ser interpretadas por un sector de la sociedad como un exceso en el derecho a manifestarse, teniendo en cuenta el riesgo de contagio del covid19.
 
Por eso es importante una rápida gestión del Gobierno provincial, que siempre se mostró abierto al diálogo, ya que Entre Ríos fue la que más aumentos otorgó en 2019 con respecto a otras provincias. Es necesario dar respuesta al reclamo para soslayar movilizaciones que representan un peligro de contagio con efectos negativos para toda la sociedad. Mostrar sensibilidad y ser receptivos a un reclamo que es justo, pese a las complejidades económicas que acarrea la pandemia.
 
¿Aparecerá la discusión de la paritaria salarial? Si es así, esa acción inevitable del Estado generará también costos en sus arcas, demandante como la sequía de la lluvia. Faltarán fondos para cerrar el año en el Estado provincial, estimaron en Casa Gris. Confían en la promesa de ayuda financiera de Alberto Fernández a Entre Ríos.
 
La Opinión Popular
 

 Todos los días sube de tono la feroz campaña de presión de Clarín, La Nación e Infobae para que la Corte Suprema salga a rescatar a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi Germán Castelli, cuyos nombramientos a dedo por traslado en cargos claves en Comodoro Py fueron objetados por el Consejo de la Magistratura, una jueza en lo contensioso-administrativo, el Senado de la Nación, un decreto del Poder Ejecutivo y una resolución de la Cámara de Casación.
 
Los supremos hasta ahora no respondieron a ninguno de los reclamos de los magistrados en cuestión, que incluso a través de escritos pidieron que resuelvan la validez de los traslados inconstitucionales que hizo el macrismo. Desde Clarín y La Nación hasta amenazaron con pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte que resolvieran contra la BBC (Bruglia, Bertuzzi, Castelli), un camino que obviamente no tiene salida ya que no hay votos en el Congreso para semejante maniobra.
 
En las últimas horas, los jueces pidieron licencias porque no quieren dar el brazo a torcer: ya está claro que deben volver a los puestos que tenían antes del macrismo, pero no quieren un regreso sin gloria. Inicialmente le hicieron el pedido a la Corte, pero el máximo tribunal se lo mandó a la Casación, que tiene la facultad de superintendencia en materia penal. Este lunes, la Cámara de Casación le dio una mala noticia: la decisión sobre licencias la tiene que tomar el tribunal al que ahora volvieron, o sea que hubo un rechazo de entrada.
 
Desde Clarín y La Nación dispararon con munición gruesa convirtiéndose en voceros de los magistrados, con un tono amenazante: advirtieron a los supremos que se les iniciarían juicios políticos si no respaldan a los jueces atrincherados. La jugada es asombrosa por donde se la mire. Ni en diputados ni en senadores la oposición tiene votos para concretar ningún juicio político y menos todavía en el marco de semejante presión político-mediática.
 

 En el Día de la Sanidad, no hubo aplausos sino palos para el personal de salud. En una jornada de lucha a nivel nacional para reclamar mejores condiciones laborales y salariales, la policía de Horacio Rodríguez Larreta reprimió a enfermeras y enfermeros de los hospitales públicos porteños que se movilizaron hasta la Legislatura para entregar un petitorio en el que exigen ser reconocidos como profesionales de la salud. Los licenciados en Enfermería, aunque tienen título de grado, no están considerados dentro del sistema sanitario, sino encuadrados como empleados administrativos.
 
El accionar policial dejó varias enfermeras golpeadas, algunas de ellas con heridas sangrantes en la cabeza por las que tuvieron que ser asistidas por personal del SAME. "Me sentí terrible de ver a mis colegas golpeadas. Esto ya lo vimos el año pasado cuando salieron los residentes a reclamar y les pasó lo mismo", dijo Berta Leyton, presidenta de la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE).
 
Desde hacía varios días que los enfermeros y enfermeras autoconvocados de la Ciudad venían juntando firmas en diversos ámbitos para presentar el petitorio en el que, además de consignar la precarización laboral que sufren, exigen que se trate con carácter urgente la inclusión de los licenciados en enfermería en la Ley 6.035, de Profesionales de la Salud de CABA, de la que quedaron excluidos cuando fue aprobada en noviembre de 2018.

Con el Día de la Sanidad como marco, los auto convocados se dieron cita en la puerta de la Legislatura para presentar en Mesa de Entrada el petitorio. En una repudiable actitud, la Policía de Horacio Rodríguez Larreta los reprimió. No se explica esta violencia manifiesta contra trabajadores que sólo querían entregar un petitorio, sino es porque el gobierno macrista de la Ciudad de Buenos Aires reprime a todo lo que no lo representa. 

Los únicos privilegiados para reclamar en CABA, incluido el beneplácito y aliento de Juntos por el Cambio, son los anticuarentena y su aluvión psiquiátrico. Así es la derecha.