Los aumentos de precios se burlan abiertamente del Loco Milei y del Toto Caputo

 El gobierno anarco capitalista del estafador Javier "el Loco" Milei hizo un pacto con los hipermercados para que no tomen listas con subas, pero el desborde de incrementos preventivos sacudió las góndolas. El problema es que el sector sólo representa el 25 por ciento del consumo total, en el 75 restante las listas con aumentos llegan hasta el 20 por ciento.
 
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se enfrenta a un problema que ya ha aquejado a otros funcionarios del área de otros gobiernos, en una situación de la que ninguno de ellos ha logrado salir con éxito. La referencia es para el fenómeno de remarcaciones preventivas de precios que, en general, arrancan ante los síntomas de atraso cambiario y se intensifican luego de procesos devaluatorios que, en la perspectiva corta, coinciden con acuerdos de diferentes tipos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
En las últimas horas, el endeudador serial Caputo hizo gala en redes sociales de una especie de alianza circunstancial con el sector de los grandes hipermercados, nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y en CAS y FASA, las federaciones del Interior del país, a los que felicitó por haber rechazado listas de aumentos de los proveedores.
 
Esa situación expuso dos problemas: el primero, que el ministro quedó desnudo de poder ante las remarcaciones de las empresas al reclamarles clemencia; el segundo, más importante, que hizo un acuerdo de control de precios con los supermercados, superficies en las que compran sólo el 25 por ciento de los clientes de todo el país. El 75 restante lo hace en locales de barrios, almacenes y chinos, donde los mismos proveedores que el Gobierno cuestiona por especuladores enviaron listas con aumentos de hasta 20 por ciento.
 
Hace años, la Secretaría de Comercio Interior tiene un sistema, el SEPA, que le permite ver on line los precios de los hipermercados, que son cadenas con espalda para rechazar por plazos medios los aumentos impuestos por los fabricantes. Pero los comercios chicos no tienen forma de evitar que les bajen mercadería a precio más caro: Coca Cola es uno de los gigantes que optó por elevar precios en ese segmento. Es ése el punto ciego de este y todos los gobiernos que quedaron rehenes de los formadores.
 
Un dato extra. En la primera semana post cepo, el Gobierno logró un dólar más o menos ordenado, pero un desborde en los precios que va más allá de la canasta básica: subieron 8 por ciento el cemento, hasta 4 por ciento los autos; casi 5 la medicina prepaga y, según un informe de la consultora PXQ, los electrónicos como computadoras y televisores aumentaron entre 3 y 6,3 por ciento
  
En paralelo a esto, el Gobierno llega tarde y mal a la disputa con los gigantes de los alimentos. Caputo salió, primero, a decir que Molinos y la multinacional Univeler habían mandado listas con aumentos de entre 9 y 12 por ciento. Unas horas después, gestiones mediante, celebró en redes sociales que una de ellas, Molinos, había tenido su lista rechazada por los supermercados.
 
Una media verdad: lo que la empresa les informó a los comercios grandes es que "suspende" de manera momentánea la lista de aumentos y que, luego del fin de semana largo de Pascuas, se sentarán a analizar el tema. Algo diferente a decir que aceptaron no aumentar los precios. 
 

 Un duro mensaje de la justicia a Javier "el Loco" Milei: está prohibido nombrar jueces a dedo. La Justicia le baja el martillo al decreto de Milei y tumban los nombramientos exprés en la Corte. En un fallo destinado a prevenir más avasallamientos del Poder Ejecutivo, el juez Alejo Ramos Padilla estableció que nombrar jueces por decreto es inconstitucional. Lo hizo en la causa por la designación "en comisión" de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Ni con decretazos ni con malabares legales. La Justicia puso freno a la jugada de Milei para meter a dedo a dos jueces en la Corte Suprema.
 
El juez federal Ramos Padilla declaró inconstitucional la designación en comisión de Lijo y García Mansilla, una maniobra desesperada de Milei luego de que el Senado le cerrara la puerta en la cara a ambos candidatos. La resolución de Ramos Padilla fue contundente: el artículo 99, inciso 19 de la Constitución no habilita el nombramiento en comisión de jueces del Poder Judicial, mucho menos de la Corte Suprema. En otras palabras, no se puede violar la división de poderes solo porque al Gobierno no le dan los votos en el Senado.
 
La decisión le advierte al Gobierno que hay una sola forma de nombrar jueces supremos --no dos, como ellos sostienen-- y es a propuesta del Poder Ejecutivo pero con el acuerdo de los dos tercios del total de los miembros del Senado. Es un modo de señalarle al Presidente que no debería repetir el mismo camino y aceptar el del debate y el consenso político. Es un mensaje de acá en adelante.
 
Como si fuera poco, Milei ya había tenido que aceptar la renuncia de García Mansilla, quien duró en el cargo menos que una historia de Instagram. Asumió, juró, se paseó por los actos oficiales, firmó 215 fallos y luego presentó su renuncia con una carta más larga que su gestión. Todo esto tras ser rechazado en el Senado.
 
Con esta decisión judicial, se cierra (al menos por ahora) una de las jugadas más polémicas de Milei, que no solo violó la Constitución sino también el sentido común. El juez de La Plata recordó que en los últimos 100 años ningún presidente democrático se animó a semejante despropósito. Ni siquiera los más autoritarios. Milei, por su parte, intentó justificar lo injustificable con una interpretación de la Constitución tan creativa como peligrosa.
 
Ahora la Corte vuelve a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Lijo, que nunca llegó a jurar, se atrincheró en su cargo original y hasta pidió licencia extraordinaria, que fue elegantemente rechazada por la Corte. Mientras tanto, el resto del país observa atónito cómo Milei intenta avanzar a fuerza de decretos y se estrella contra la realidad institucional.
 
Milei nombró jueces supremos en comisión con el argumento de que el Senado demoró demasiado el tratamiento de los pliegos y le adjudicó especulaciones políticas. Fue ostensible que quería poner jueces "propios" para que le facilitaran impunidad en hechos de corrupción. El "cualquiercosismo" libertario y la tentativa de colar jueces como si fueran pasantes de verano terminó con un fallo que le devuelve un poco de seriedad al sistema judicial.
 
La Opinión Popular
 

 Nada nuevo bajo el sol de los miércoles frente al Congreso Nacional. Cientos de jubilados reclamando contra la miseria a la que los empuja el régimen libertariano de Javier "el Loco" Milei y cientos también de policías federales y gendarmes, comandados por la represora Patricia "Chaborra" Bullrich corriéndolos con gas pimienta y gases lacrimógenos. Una actitud típica del autoritarismo para instalar el miedo y el terror en la gente para que no reclame sus derechos. Esta vez también hubo una decena de heridos y un hombre detenido, además de otros 70 manifestantes que debieron ser asistidos por los voluntarios que habitualmente los acompañan.

Mientras en el interior del Congreso, Guillermo Francos daba argumentos para una posible reforma previsional, afuera los jubiladas y jubilados eran reprimidos nuevamente. Ayer, el método Bullrich dejó a 116 personas heridas, entre ellas una nena de 13 años y un adolescente de 16. Esta semana hubo un especial ataque a los periodistas y fotógrafos que cubrían la manifestación, incluso un reportero gráfico fue lesionado por el disparo de un arma Byrna. El diputado nacional Alejandro Vilca también fue atacado con gases lacrimógenos y tuvo que ser hospitalizado.

El operativo represivo (una marca registrada del régimen de Milei y Bullrich) volvió a poner en evidencia la violencia institucional contra manifestaciones pacíficas, en este caso encabezadas por jubilados. Sin provocación alguna, los efectivos policiales dispararon gases lacrimógenos contra adultos mayores que exigían simplemente lo que les corresponde: una jubilación digna. El humo lo cubría todo y el sonido de las sirenas apenas tapaba los gritos de bronca y dolor. En ese contexto fue alcanzado el diputado Vilca, que debió ser retirado para recibir atención médica urgente.

La represión terminó con los ojos quemados de un diputado nacional por ejercer su derecho a la protesta. En medio del estupor, el diputado Christian Castillo llevó el tema al recinto y denunció la agresión ante el Congreso, mientras recibía burlas desde el sector libertario. Las risas de Silvina Giudice y de Lilia Lemoine, la "maquilladora" presidencial, quien expresó en un tuit: "¡Gasearon a Vilca! Mal la policía. Era con agua y jabón", un comentario racista acompañado de las imágenes de la represión y sus consecuencias en la gente, demostrando una vez más la crueldad libertaria, festejando la represión policial de violencia institucional que solo alimenta la indignación popular.

El mismo día en el que el fotoreportero Pablo Grillo era operado por las lesiones de la represión, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegaron un gigantesco operativo en el que hirieron a más de un centenar de personas, que sufrieron quemaduras por el lanzamiento indiscriminado de gases químicos.
 
"Una nueva, violenta y extendida represión se registró en otra marcha de los jubilados. Cientos de agentes de las fuerzas federales arrojaron gas pimienta contra personas que marchaban en paz, incluso que se encontraban sobre las veredas sin cometer ningún delito o contravención. Pegaron con tonfas y escudos a jubilados, menores de edad y periodistas", dijo a Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
 
Las redes sociales estallaron con mensajes de repudio a la represión. "Ya no se conforman con ajustar a los jubilados, ahora también los reprimen, y si alguien los defiende, lo gasean", fue una de las frases que más se replicó. Una vez más, el gobierno de los Hermanos Milei responde con palos y gas a lo que no quiere escuchar: los reclamos de los más postergados. Bullrich completaba con represión la tarea de ajuste del endeudador serial "Toto" Caputo.
 
La Opinión Popular